Juez impide que Trump suspenda a miles de empleados de USAID con un plazo de 30 días

WASHINGTON — Un juez federal infligió el viernes el primer revés al presidente Donald Trump y a su aliado multimillonario Elon Musk en el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) al ordenar una paralización temporal de los planes para suspender a miles de empleados de la agencia.

El juez del distrito Carl Nichols, nombrado por Trump, también acordó bloquear una orden que habría dado a los miles de trabajadores de la agencia en el extranjero que el gobierno quería colocar en licencia administrativa solo 30 días para trasladar familias y hogares de vuelta a Estados Unidos a expensas del gobierno.

Ambas medidas habrían expuesto a los trabajadores y a sus cónyuges e hijos a riesgos y gastos injustificados, señaló el juez.

Nichols apuntó a relatos de trabajadores en el extranjero de que la Casa Blanca, en sus prisas por cerrar la agencia y sus programas en el extranjero, había dejado a algunos de ellos sin acceso a correos electrónicos del gobierno y a otros sistemas de comunicación necesarios para contactar con el ejecutivo en caso de una emergencia de salud o seguridad.

The Associated Press reportó antes que los contratistas de USAID en Oriente Medio y en otros lugares habían encontrado incluso que aplicaciones de “botón de pánico” habían sido borradas de sus celulares o desactivadas cuando la administración los suspendió de forma abrupta.

“No es lo mismo la licencia administrativa en Siria que la licencia administrativa en Bethesda”, dijo el juez en su orden del viernes por la noche.

Al aceptar detener el plazo de 30 días dado a los empleados de USAID para volver al país a expensas del gobierno, Nichols citó declaraciones de empleados de la agencia que no tenían un hogar al que regresar en Estados Unidos después de décadas en el extranjero, que debían sacar a sus hijos con necesidades especiales de la escuela a mitad de año o enfrentaban otras dificultades.

El juez ordenó también la reincorporación de los empleados de USAID que habían sido suspendidos por el gobierno de Trump. Sin embargo, rechazó la solicitud de dos asociaciones de empleados federales para bloquear de forma temporal la congelación de fondos federales que paralizó la agencia de seis décadas de antigüedad y su trabajo, a falta de más audiencias.

En la vista celebrada antes el viernes sobre la solicitud de pausar las acciones del ejecutivo, Nichols subrayó que su orden no era una decisión sobre la solicitud de los empleados para revertir la rápida destrucción de la agencia por parte de la administración.

“CIÉRRELA”, escribió Trump de USAID en redes sociales antes del fallo del juez.

La Asociación Estadounidense de Servicio Exterior y la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno alegan que el presidente carece de autoridad para cerrar la agencia sin la aprobación del Congreso. Los legisladores demócratas han hecho el mismo reclamo.

El gobierno de Trump se movió rápidamente el viernes para borrar el nombre de la agencia en sentido literal. Operarios sobre una grúa limpiaron el nombre de la fachada de piedra de su sede en Washington, además de usar cinta adhesiva para taparlo en un cartel y retirar las banderas de USAID. Alguien colocó un ramo de flores en la puerta.

La Casa Blanca y Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental orientado a la reducción del presupuesto, han hecho de USAID su principal objetivo hasta la fecha en un desafío sin precedentes al gobierno federal y a muchos de sus programas.

Los nominados de la administración y los equipos de Musk han suprimido casi todos los fondos para la agencia, lo que detuvo programas de ayuda y desarrollo en todo el mundo. Han puesto a empleados y contratistas en excedencia les han bloqueado el acceso al correo electrónico y a otros sistemas de la agencia. Según legisladores demócratas, también se llevaron los servidores informáticos de USAID.

“Esto es un desmantelamiento a gran escala de prácticamente todo el personal de toda una agencia”, dijo Karla Gilbride, abogada de las asociaciones de empleados, al juez.

El abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, argumentó que el gobierno tiene toda la autoridad legal necesaria para poner a los empleados de la agencia en licencia. “El gobierno hace esto todos los días”, apuntó Shumate. “Eso es lo que está sucediendo aquí. Solo que es un número grande”.

El fallo del viernes es el último revés en los tribunales para el gobierno de Trump, luego de que se pausaron sus iniciativas para ofrecer incentivos financieros a los trabajadores federales a cambio de renunciar y para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de personas que están en situación irregular en el país.

Antes el viernes, un grupo de media docena de funcionarios de USAID que habló con reporteros cuestionaron de forma enérgica las afirmaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, de que los programas cruciales para salvar vidas en el extranjero estaban recibiendo exenciones para mantener la financiación. Según dijeron, no había ninguno en esta situación.

Entre los programas que, de acuerdo con los empleados, no habían recibido exenciones: 450 millones de dólares en alimentos cultivados por agricultores estadounidenses suficientes para alimentar a 36 millones de personas, que no se estaban pagando ni entregando; y el que suministra agua para 1,6 millones de desplazadas por la guerra en la región de Darfur, en Sudán, que no tenía fondos para el combustible que hace funcionar las bombas de agua en el desierto.

Dentro del propio Departamento de Estado, los empleados temen reducciones sustanciales de personal tras vencer el plazo de la oferta gubernamental de incentivos financieros a cambio de renuncias, apuntaron funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato por miedo a represalias. Un juez bloqueó temporalmente esa medida y fijó una audiencia para el lunes.