Un policía supuestamente mostró fotos del accidente de Kobe Bryant. Después surgió el escándalo
Durante casi cinco semanas, la dirección del Departamento del Sheriff trató de mantener el episodio en secreto en lugar de seguir los protocolos de investigación normales.
- Share via
La queja por escrito se produjo tres días después del accidente del helicóptero que mató a Kobe Bryant, su hija y otras siete personas: en el Baja California Bar and Grill en Norwalk, un joven policía del sheriff del condado de Los Ángeles estaba mostrando fotos horribles tomadas en la escena de la tragedia.
“Estaba trabajando el día en que el helicóptero cayó y tomó fotos del lugar del accidente y los cuerpos”, escribió el autor.
El reporte, presentado justo después de la medianoche en un formulario de contacto en el sitio web del Departamento del Sheriff, generó un correo electrónico a la Oficina de Información del Sheriff, un equipo que maneja las solicitudes de los medios.
A partir de ese momento, durante casi cinco semanas, los líderes del Departamento del Sheriff trataron de controlar el incidente en lugar de seguir los protocolos de investigación normales, incluso después de determinar que varios oficiales más habían tomado fotos, según las entrevistas.
Los esfuerzos para evitar la divulgación pública de las acciones de los agentes comenzaron con una orden del sheriff Alex Villanueva para que eliminaran las fotos en silencio, una medida que algunos dentro del departamento y expertos legales dijeron que podría equivaler a la destrucción de evidencia.
Después de que el Times revelara la semana pasada que los agentes compartieron las fotos, Villanueva dijo que comenzaría una investigación. Pero ahora hay demandas crecientes para una indagación independiente sobre el asunto, la última de una serie de escándalos que golpean al departamento del sheriff más grande de la nación en los últimos años.
Patti Giggans, presidenta de la Comisión de Supervisión Civil del Sheriff, dijo que espera que Villanueva sepa lo que sucedió de manera oportuna, pero que la destrucción de las fotos “parece un encubrimiento de mala conducta”. Y agregó: “Espero que ese no sea el caso”.
Joseph Giacalone, que enseña procedimientos policiales en John Jay College of Criminal Justice en Nueva York, dijo que el Departamento del Sheriff manejó mal la denuncia.
Para empezar, dijo, el departamento debería haber conservado las fotos, confiscado los teléfonos celulares utilizados para tomarlas y asegurarse de que no se enviaran imágenes electrónicamente a nadie fuera de la agencia.
“Ahora se ha convertido en un verdadero desastre”, declaró Giacolone.
Él y otros dijeron que el público sólo tendría confianza en una investigación externa.
“Deberíamos contar con personas externas que investiguen lo que está sucediendo dentro del departamento que ha estado plagado de corrupción”, dijo Patrisse Cullors, cofundador de Black Lives Matter, quien ha abogado por una mayor responsabilidad y transparencia dentro de la agencia. Cullors encabezó la campaña para la Medida R, una iniciativa en la boleta electoral del martes que aseguraría el poder de citación a la comisión de supervisión.
Hay un “conflicto de intereses inherente” cuando un departamento se investiga a sí mismo, señaló Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola.
“Y seamos honestos, especialmente este departamento”, dijo, mientras criticaba cómo se manejaron las acusaciones inicialmente. “La idea de que los [agentes] del sheriff podrían mantener sus teléfonos y jurar eliminar la evidencia no es cómo se procede”.
Un abogado que representa a Vanessa Bryant solicitó una investigación de asuntos internos del sheriff sobre las acusaciones y una imposición de la “disciplina más dura posible” para los responsables.
Gary C. Robb calificó el supuesto comportamiento como “inexcusable y deplorable”.
“Esta es una violación indescriptible de la decencia humana, el respeto y los derechos de privacidad de las víctimas y sus familias”, manifestó en un comunicado.
Villanueva ha proporcionado pocos detalles sobre el alcance de su investigación o sobre quién dentro del departamento la está llevando a cabo. Giacolone y otros observadores legales dijeron que la indagación debería ser entregada a la Oficina del Inspector General del condado, que no reporta al sheriff.
Villanueva no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios del Times. En una breve conversación telefónica el miércoles, comparó las preguntas del periódico con el periodismo sensacionalista.
“No tengo nada que decirte”, dijo, antes de colgar.
El lunes, Villanueva dio entrevistas a varios medios de difusión. NBC-4 informó que Villanueva declaró que se centró en contener la difusión de las fotos en lugar de castigar a los agentes. Reveló que ocho policías estaban involucrados, pero no identificó a ninguno de ellos.
“Si hubiéramos hecho la rutina original habitual, que consistía en relevar a todos de su deber, lidiar con todos sus abogados y todo eso, aumentaría diez veces las probabilidades de que esas fotos de alguna manera hubieran llegado al dominio público. Y eso es definitivamente lo que no queremos”, dijo a la estación.
Según NBC-4, Villanueva expuso que ninguna política del departamento aborda específicamente a los agentes que fotografían tales escenas de accidentes en sus teléfonos celulares personales, y que planea cambiar eso.
Sin embargo, de acuerdo con el Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento del Sheriff, los miembros no deben usar un teléfono celular personal “para grabar, almacenar, documentar, catalogar, transmitir y / o reenviar cualquier imagen, documento, escena o entorno capturado como resultado de su empleo y / o mientras realizan labores oficiales del Departamento que no están disponibles o accesibles al público en general”.
Amie Harwick, atacada mortalmente en su residencia de Hollywood Hills, había solicitado órdenes de protección contra el exnovio arrestado en su muerte.
Villanueva se ha enfrentado al escrutinio por varias decisiones desde que asumió el cargo a fines de 2018, incluidos los intentos de retirar las reformas disciplinarias impuestas después de un escándalo de abuso en la cárcel que removió al veterano sheriff Lee Baca y otros altos líderes, junto con decisiones de contratación y un incumplimiento de las solicitudes de información del inspector general y otros supervisores, el público y los medios de comunicación.
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando la causa del accidente del 26 de enero cerca de Calabasas. El portavoz Peter Knudson dijo que no conoce un lenguaje formal en las políticas de la junta que requiera que las agencias locales entreguen fotos que podrían ser útiles para una investigación. Sin embargo, indicó, “si hay imágenes de valor para la investigación, pedimos esas imágenes a las autoridades locales”.
Aunque el reporte del ciudadano fue enviado a la Oficina de Información del Sheriff, el capitán que encabeza esa oficina, Jorge Valdez, le dijo al Times la semana pasada que “no estaba al tanto de ninguna queja” y que “no se ordenó eliminar ninguna fotografía”.
No ha respondido a las preguntas de seguimiento.
Cinco empleados del Baja California Bar and Grill que trabajaban el domingo por la noche dijeron que no tenían conocimiento de que un agente compartiera las fotos allí. La persona que presentó la queja no respondió a múltiples solicitudes de entrevistas.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
Suscríbase al Kiosco Digital
Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.
Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.
