Investigan monopolio en venta de cepillos dentales al Gobierno mexicano
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México — La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México anunció hoy el inicio de una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de cepillos dentales vendidos al sector salud.
Al calificar de grave la colusión en ventas al sector salud, la Comisión indicó en un comunicado que decidió abrir la indagatoria porque “existe una causa objetiva que indica la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado señalado”.
La Comisión define como prácticas monopólicas absolutas los acuerdos entre competidores para manipular precios, imponer restricciones, limitar la oferta o segmentar el mercado, además del intercambio de información con cualquiera de estos objetivos.
“Las licitaciones deben asegurar el mejor valor por el dinero de los contribuyentes. La colusión en ventas al sector salud es grave, pues se gasta más en beneficio de unos pocos empresarios y en detrimento de la población”, dijo el titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, Carlos Mena Labarthe.
El organismo precisó que esta investigación “no debe entenderse” como un “prejuzgamiento” sobre la responsabilidad de alguna empresa sino como una actuación que le permite detectar si se han cometido actos contrarios a la ley.
La Comisión destacó que para 2017, el gasto público federal asignado a la compra de productos farmacéuticos y de laboratorio es de casi 7.500 millones de pesos (unos 393 millones de dólares).
Subrayó que entre sus facultades está la de pedir informes y documentos, citar a declarar a quienes tengan relación con el asunto y ordenar y hacer visitas de verificación, todo para la debida integración de la investigación.
La Cofece destacó que en caso de comprobarse la práctica monopólica absoluta, se pueden aplicar multas hasta por 10 % de los ingresos del “agente económico responsable” con la orden de suprimir la conducta y una inhabilitación como proveedor de hasta cinco años.
Las personas físicas involucradas se enfrentarían a una pena de prisión de cinco a diez años, así como a multas, puntualizó la Comisión.
