Asesinato de madre activista expone la fragilidad de los DD.HH. en México
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México — El homicidio de Miriam Rodríguez, una defensora de derechos humanos cuya hija fue asesinada en 2012, ha generado un gran indignación dentro y fuera de México, evidenciando la vulnerabilidad de los activistas en un país azotado por la violencia y con altos niveles de impunidad.
El nororiental estado de Tamaulipas “debe investigar si hubo negligencia o no por parte del propio gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública o la Fiscalía estatal, toda vez que ella había solicitad medidas de protección”, dijo hoy a Efe el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos.
Este 10 de mayo, en el Día de la Madre, Rodríguez fue acribillada a tiros por hombre armados frente a su domicilio en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas.
La mujer representaba a 600 familias víctimas de la violencia en su localidad, tristemente conocida por la masacre de 72 migrantes en 2010.
Su llegada al activismo estuvo marcada por la tragedia. En 2012 secuestraron y asesinaron a su hija miembros del cártel de Los Zetas.
Desde entonces, Miriam Rodríguez se convirtió en esa región en un poderosa voz para los familiares de desaparecidos, que suman más de 30.000 casos en México.
De acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ, fiscalía) de Tamaulipas, el crimen de su hija se saldó con 9 procesados; siete hombres y dos mujeres.
Dos de los secuestradores, Enrique Yoel Rubio Flores y José Antonio Acevedo Reyna, fueron detenidos meses después y recluidos en el penal de Ciudad Victoria, pero en marzo pasado escaparon junto con otros reos por un túnel.
“Uno (de ellos) aún sigue libre, y a raíz de esto pedí seguridad hasta que este reo fuera recapturado. Hoy día no he visto esa seguridad solicitada”, lamentó la propia mujer el pasado 18 de abril en un encuentro con autoridades estatales, según se desprende de un vídeo facilitado a medios.
Semanas antes de su muerte, la mujer exigió “un botón de emergencia, alguien a quien llamar en caso de que tengas un problema”, y denunció que le habían asignado un policía que no atendía las llamadas.
El portavoz de Seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, explicó a Efe que tanto Rubio Flores como Acevedo Reyna fueron recapturados poco después de su fuga y que se brindó protección a la activista incluso con la “certeza plena” de que ambos estaban en prisión.
Destacó que Rodríguez era una interlocutora “fundamental” del Gobierno Francisco García Cabeza de Vaca, que inició en octubre pasado, para avanzar en política pública en materia de desapariciones, y aseguró que la investigación del crimen progresa, pero se negó a “ventilar” detalles para no entorpecerla.
La muerte de Miriam Rodríguez -a cuyo esposo Los Zetas intentaron secuestrar tiempo después del crimen de su hija- exhibe una vez más la desprotección de los activistas en una nación donde la inmensa mayoría de crímenes se cierran sin culpables.
“El Gobierno de Tamaulipas no permitirá que este hecho condenable quede impune”, aseguraron las autoridades del estado.
Pero la realidad y la desconfianza se cierne una vez más sobre las instituciones.
Ramos consideró tres posibilidades en torno al crimen de la activista; que los asesinos de su hija estén involucrados, que el homicidio lo ejecutara otro grupo del crimen organizado o incluso que los culpables sean las propias autoridades, en un intento por silenciar las incómodas voces de los familiares de desaparecidos.
El suceso ha causado enorme indignación y consternación dentro y fuera de México.
Este viernes, la oficina de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad destacó que este asesinato se suma a una “preocupante tendencia” de atacar a activistas, como los indigenistas Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro.
La ONU-DH, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también condenaron el asesinato de la defensora, exhortando a que el suceso “no quede en la impunidad” y que las indagatorias se hagan “con perspectiva de género”.
Más de 2.000 personas han sido asesinadas desde el 2010 en San Fernando, 392 de ellas localizadas en fosas de la zona conocida como El Arenal.
En la localidad hay un padrón de unos 1.000 niños que quedaron huérfanos, debido a que sus padres desaparecieron o fueron asesinados.
